UNCITRAL – AVANCES RECIENTES DEL GRUPO DE TRABAJO III EN LA REFORMA EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA DE SCIE (ISDS)

A. Introducción

    La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI”,“Comisión” o “UNCITRAL”) fue creada por la Asamblea General de la ONU en 1966 para promover la armonización y modernización del derecho del comercio internacional. Entre sus principales tareas se encuentran la elaboración de instrumentos que faciliten el comercio internacional, así como el fomento a la aplicación uniforme de estos textos en distintos sistemas jurídicos.  

    En este marco, y desde 2017, el Grupo de Trabajo III (“Grupo III”) tiene a su cargo el estudio de la posible reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (“SCIE”). Sus trabajos más recientes se han estructurado en torno a tres líneas principales de trabajo: (i) el Proyecto de disposiciones sobre cuestiones procesales y transversales, que propone las reglas adjetivas aplicables a futuros procedimientos SCIE; (ii) el Proyecto de Estatuto de un mecanismo permanente para la solución de controversias internacionales relativas a inversiones, que contempla la creación de un órgano permanente encargado de resolver esta clase de disputas; y (iii) la creación de un Centro de Asesoramiento (Advisory Centre on International Investment Dispute Resolution) para entrenar, apoyar y proveer de asistencia a los Estados para mejorar su capacidad respecto al manejo de disputas de inversión.

    B. Desarrollos Recientes del Grupo de Trabajo III

    El primero de ellos, consistente en el Proyecto de disposiciones sobre cuestiones procesales y transversales, propone reglas aplicables a futuros procedimientos SCIE y aborda temas que no suelen estar regulados de manera expresa en otros reglamentos de arbitraje (tales como ICC, LCIA, ICSID, etc.).

    Entre los temas novedosos que aparecen en este proyecto de 2025, se encuentra la inclusión expresa de varias cuestiones procesales, dentro de las cuales destaca: (i) una posible etapa de bifurcación (disposición 2), (ii) mecanismos para la desestimación temprana de reclamaciones manifiestamente infundadas (disposición 4), (iii) garantías para costas (disposición 5), (iv) coordinación entre procedimientos paralelos, reglas sobre prescripción, independencia de reclamos de accionistas (disposición 18) y (v) criterios para el cálculo de daños y perjuicios, donde se propone prohibir expresamente la imposición de daños punitivos (disposición 20.5).

    El proyecto adiciona también disposiciones encaminadas a conseguir la administración eficiente de los procedimientos; cuestiones como plazos generales para distintas fases del procedimiento, la referencias a herramientas tecnológicas para la gestión documental y lineamientos para asegurar la transparencia cuando así lo prevea el tratado aplicable.

    El segundo proyecto corresponde al Estatuto de un mecanismo permanente para la solución de controversias relativas a inversiones. Este texto propone la creación de un órgano permanente, integrado por miembros designados por periodos definidos, reglas procesales uniformes y una estructura institucional, a diferencia del sistema actual de controversias inversionista-Estado en el que los tribunales se constituyen caso por caso.

    El proyecto también contempla la creación de un Tribunal de Apelación con facultades para revisar los laudos emitidos en primera instancia, conforme a las causales establecidas en su artículo 29 (principalmente errores manifiestos en la aplicación e interpretación del derecho o errores manifiestos en la apreciación de hechos). Asimismo, prevé que la parte que quiera presentar una apelación deberá renunciar expresamente a iniciar un procedimiento de anulación, nulidad o similares, conforme al artículo 28 del proyecto.

    Respecto al Centro de Asesoramiento para los Estados, ya existe un proyecto de estatuto preliminar finalizado en 2024. Las discusiones actuales se han concentrado en determinar los umbrales y condiciones necesarias para su entrada en vigor y en definir cuál sería el alcance inicial de sus servicios, entre los cuales se encuentran la asistencia técnica para aconsejar a los Estados sobre cómo prevenir controversias, llevar a cabo seminarios y conferencias, funcionar como foro para el intercambio de información y fomentar las mejores prácticas, entre otras.

    C. Siguientes Pasos / Implicaciones

    Los avances discutidos en las últimas sesiones del Grupo III muestran que tanto el proyecto relativo a cuestiones procesales y transversales, como el estatuto del mecanismo permanente, han alcanzado un nivel de desarrollo técnico considerable dentro del proceso de reforma del SCIE.

    De acuerdo con el programa provisional del Grupo III, las próximas sesiones previstas para llevarse a cabo del 12 al 16 de enero de 2026 en Nueva York, continuarán concentrándose en (i) el proyecto de estatuto del mecanismo permanente de primera instancia y del mecanismo permanente de apelación, así como (ii) el proyecto de disposiciones procesales y transversales.

    D. Conclusión

    Los avances más recientes del Grupo III muestran que el proceso de reforma del sistema SCIE sigue avanzando de manera constante; dichos proyectos contemplan cambios sustanciales al SCIE que marcan una tendencia respecto a las disconformidades actuales y, en caso de que sean aprobados e implementados por los Estados, requerirán que los practicantes se adapten a este nuevo sistema de resolución de controversias, que probablemente coexistirá con el sistema actual.

    E. Fuentes

    • Proyecto de Estatuto de un mecanismo permanente para la solución de controversias relativas a inversiones (CNUDMI, A/CN.9/WG.III/WP.239).

    https://docs.un.org/es/A/CN.9/WG.III/WP.239

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